Autor: Super Admin

La noche del tres de marzo pasado, cuatro “neonazis” chilenos, encabezados por un matón apodado Pato Core, encontraron tumbado en las cercanías del Parque Borja, de Santiago, a Daniel Zamudio, un joven y activista homosexual de 24 años, que trabajaba como vendedor en una tienda de ropa. Durante unas seis horas, mientras bebían y bromeaban, se dedicaron a pegar puñetazos y patadas al maricón, a golpearlo con piedras y a marcarle esvásticas en el pecho y la espalda con el gollete de una botella. Al amanecer, Daniel Zamudio fue llevado a un hospital, donde estuvo agonizando durante 25 días al cabo de los cuales falleció por traumatismos múltiples debidos a la feroz golpiza.

Una explosión dañó, por decimocuarta vez desde la caída del presidente egipcio Hosni Mubarak, un tramo del gasoducto que suministra gas natural a Israel y Jordania. El atentado terrorista tuvo lugar en el norte de la península de Sinaí, a la entrada de la ciudad de Al Arish, ubicada sobre la costa del Mediterráneo. Habitantes de la localidad dijeron que escucharon una fuerte explosión.

En la edición de “El Escolar” (suplemento para niños del diario “El País” de Montevideo) del pasado 4 de abril se hace mención a la Pascua. Tanto la judía (denominada Pesaj) como especialmente la cristiana. Más allá de ciertas inexactitudes que “podrían pasar”, se dice en relación a la Pascua cristiana en dicha publicación (pg. 10), entre otros conceptos los siguientes (las cursivas en este artículo son personales): “Jesús…en el primer día de esa festividad cenó con sus discípulos. Al día siguiente fue apresado y llevado ante el gobernador romano, Pilatos, que no lo encontró culpable. Sin embargo, el pueblo judío proclamó su crucifixión porque no creía que fuera ‘el enviado’ que habían estado esperando.”

Los motivos para incluir un vez más a Venezuela son, según señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe presentado en Washington, por una parte «estructurales», referidos a cuestiones como «modificatorias normativas que implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos» en el país, en particular la ya anteriormente criticada Ley Habilitante. A ello se une, agrega, la «provisionalidad» de jueces y fiscales en Venezuela o el «uso abusivo del Derecho Penal y la afectación a la libertad de expresión». Además se dan «situaciones coyunturales» como las «graves situaciones de inseguridad ciudadana» y la violencia en los centros penitenciarios, añade la CIDH, que entre sus recomendaciones prioriza que Venezuela garantice el «pleno ejercicio de los derechos políticos» de todos los venezolanos y se «abstenga de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política».