16-4-2011 Justicia. El otro dictador tunecino, Ben Alí, fue acusado de homicida y narcotraficante
A los ex líderes de Egipto y Túnez no sólo los une un pasado como dictadores que sometieron a sus países por décadas, también sus historias parecen ir rumbo a un final común, pues uno puede terminar en la horca y al otro lo investigan por narco.
El ex presidente egipcio Hosni Mubarak, que ostentó el poder durante casi 30 años y se fue del cargo asediado por su propio pueblo -aunque se llevó consigo una fortuna valuada en US$ 70.000 millones-, fue detenido esta semana. Lo investigan por la represión que ejerció contra los manifestantes que provocaron su caída. El viejo «rais» (jefe, en árabe), como le solían decir, ahora puede terminar, según informó la prensa local ayer, con la cabeza dentro de la horca.
Mubarak -que tuvo un ataque cardíaco esta semana mientras era interrogado por las autoridades que lo detuvieron- y sus hijos Gamal -que soñaba con ser su sucesor- y Alaa fueron privados de su libertad el miércoles por 15 días dentro de una investigación judicial sobre la violenta represión de las revueltas de enero y febrero. Estas dejaron unos 800 muertos, según fuentes oficiales, y desembocaron en la caída de un régimen corrupto que ejercía un fuerte control policial sobre su pueblo.
El periódico gubernamental Al Ahram, citó ayer al presidente de la corte de apelaciones de El Cairo, Zakaria Chakach, que afirmó que Mubarak podría ser ejecutado si se lo reconoce culpable de haber provocado la muerte de manifestantes de manera premeditada. Chakach indicó que el testimonio del ex ministro de Interior de Mubarak, Habib Al Adli, también acusado por haber ordenado disparar contra los manifestantes, lo convertirá en cómplice.
Adli afirmó que Mubarak le había ordenado utilizar la fuerza contra quienes protestaban en la mítica Plaza Tahrir, epicentro de los reclamos que cientos de miles de personas realizaban a diario.
«Si ello se demuestra, (Mubarak) recibirá la misma pena que la persona que condujo (la represión) y podría tratarse de una ejecución si se prueba que los manifestantes pacíficos fueron muertos con premeditación», dijo. Si no hubo premeditación será condenado a cadena perpetua, aclaró.
Lo menos que puede pasar, según juristas, es que el ex presidente fuera solo condenado a una pena de entre tres y cinco años de prisión si se prueba que la represión bajo sus órdenes, hirió a manifestantes, algo claro, al menos, para la prensa internacional.
Durante las manifestaciones varios medios denunciaron que matones -supuestamente de la policía- bajaron de camiones con palos hacia la Plaza Tahrir, en varias jornadas, provocando baños de sangre; hiriendo o matando, incluso, a mujeres que protestaban.
La investigación debería durar al menos seis meses, indicó la televisión estatal citando a un responsable del ministerio público, y el juicio al menos un año, según Chalach.
En Túnez. En tanto, la justicia tunecina presentó 18 acusaciones contra el ex presidente Zine El Abidin Ben Alí, que estuvo 23 años en el poder y que cayó tras la muerte de un joven vendedor ambulante que se suicidó luego que la policía no le permitiera trabajar. En Túnez, igual que en Egipto y en los otros países de la región, las protestas comenzaron por la falta de oportunidades laborales.
En una entrevista con la televisión estatal, el ministro tunecino de Justicia, Lazhar Karui Chebi, precisó que las acusaciones contra Ben Alí son por «homicidios voluntarios, complot contra la seguridad del Estado y uso y tráfico de drogas».
El ministro indicó además que las autoridades de transición están constituyendo un expediente jurídico para obtener la extradición del ex presidente, refugiado con su familia en Arabia Saudita desde su huida el 14 de enero. El 26 de ese mes la Justicia emitió un mandato de arresto internacional contra el ex presidente y su esposa, Leila Trabelsi.
Chebi precisó que una delegación de los ministerios de Justicia y de Interior viajaría próximamente a Lyon (Francia) a la sede de Interpol para acelerar la operación de ejecución de los mandatos.
En paralelo, responsables del ministerio de Justicia se reunieron con enviados de Canadá, Suiza y Estados Unidos, países concernidos por este caso, sea por temas de «bienes mal adquiridos» o por la presencia en sus territorios de personas vinculadas al clan Ben Alí.
EN BASE A AP, AFP Y ANSA
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