Los reproches al gobierno de Israel por no aplicar una respuesta proporcionada a los ataques de Hamás en la frontera de Gaza expresan un nivel de incomprensión e irracionalidad que no resiste un análisis riguroso. Estos reproches, provenientes incluso de sectores moderados así como de Naciones Unidas y organismos defensores de los derechos humanos, presuponen que es posible aplicar una dosis menos agresiva de violencia y obtener resultados satisfactorios en la represión de los ataques provenientes de Gaza, un territorio de población palestina dominado por un enemigo de Israel, obstinado en su voluntad destructora y extraordinariamente cruel. Esta crueldad, justo es reconocerlo, se ha cebado mucho más con sus propios compatriotas que con el “enemigo sionista”.
Según la lógica de la proporcionalidad, estaríamos frente al típico dilema entre «halcones» y «palomas», que se resolvió esta vez con la reacción impía de los primeros, pudiendo aplicarse la determinación disuasiva de los segundos.
No queda claro por qué razón el gobierno de Netanyahu habría de exponer su siempre frágil ecuación diplomática a las previsibles condenas de Naciones Unidas (y aún de países amigos como Uruguay) en medio de los festejos por los setenta años de la creación del Estado de Israel y la instalación de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén.
El dilema sería razonable si se tratara de una manifestación de estudiantes universitarios radicalizados o de sindicatos indignados ante ciertas políticas gubernamentales, al estilo de las cosas que pasan en los países democráticos. Nada de eso se corresponde con la realidad en Gaza.
Lo que tenemos es una nueva expresión de la estrategia criminal de Hamás, que no pudiendo infligirle al “enemigo sionista” derrotas militares o bajas humanas significativas, no duda en mandar a la muerte a sus hermanos palestinos para obtener una nueva victoria diplomática.
Estas movilizaciones no buscan manifestar el descontento de los palestinos por el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén o algún otro asunto vinculado al conflicto en Medio Oriente, a lo que les asistiría todo el derecho. Tampoco se inscriben en la lucha por la creación de un estado palestino, que ojalá se concrete pronto y prospere en paz al lado de sus vecinos israelíes. Mucho menos pretendían promover el retorno de palestinos a los territorios que forman parte de Israel, como se alegó.
La “gran marcha del retorno” nunca tuvo al retorno como objetivo porque nadie en su sano juicio puede creer que las fuerzas israelíes que custodian la frontera con Gaza, van a permitir el ingreso masivo e indiscriminado de gazatíes, y porque nadie que pretenda seriamente entrar a un territorio que bombardeó y contra cuyos habitantes indefensos atentó salvajemente durante una década, lo haría acompañado de decenas de terroristas de Hamás y arrojando bombas incendiarias.
¿A nadie en Occidente le llama la atención la presencia de niños y adolescentes en una manifestación violenta organizada y protagonizada por las tropas de Hamás? ¿Cómo es posible que se denomine manifestación a lo que fue claramente un ataque, un acto de provocación, innecesario y amenazante?
Para Hamás, la provocación incluye la muerte de palestinos indefensos (hombres, mujeres y niños que padecen la dictadura y el adoctrinamiento yihadistas) atrapados de nuevo en el fuego cruzado entre los soldados israelíes y los terroristas. La muerte de palestinos inocentes es el triunfo de Hamás, su objetivo calculado y deliberado; el único triunfo al que pueden aspirar sus mentes desquiciadas, en las desfavorables condiciones militares y organizativas en las que se encuentran.
Para muchas personas bien intencionadas, esto es muy difícil de entender (y más aún de aceptar) pero esta es la verdadera naturaleza de la Yihad. Es esta estrategia demencial la que ha estado en el trasfondo del conflicto.
Por increíble que parezca, la comunidad internacional vuelve a reaccionar castigando al único bando susceptible a la sanción moral, mientras guarda silencio sobre la naturaleza criminal de la “movilización”. No es razonable ni justo reclamar proporcionalidad cuando, en los hechos, esto significaría la claudicación de un Estado soberano y de un gobierno democrático, en su derecho a proteger su territorio y sus habitantes.
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