Amnistía Internacional denunció en un
informe que en la prisión militar de Saydnaya el gobierno sirio está
conduciendo una “política de exterminio” contra los civiles considerados
opositores. Según la ONG, se trata de crímenes de guerra y de crímenes contra
la Humanidad
Amnistía Internacional acusó el martes al
régimen sirio de haber ahorcado a unas 13.000 personas en cinco años, entre
2011 y 2015, en una prisión gubernamental cerca de Damasco, denunciando una
«política de exterminio».
El informe de la ONG, titulado
«Matadero humano: ahorcamientos y exterminio en masa en la prisión de
Saydnaya», se basa en entrevistas con 84 testigos, incluyendo guardias,
detenidos y jueces.
“Los
dejaban (ahorcados) de 10 a 15 minutos”, explica un antiguo juez que asistió a
las ejecuciones. “En el caso de los más jóvenes, su peso no era suficiente para
matarlos. Los ayudantes de los verdugos tiraban de ellos hacia abajo
rompiéndoles el cuello”.
Según el informe, al menos una vez por
semana entre 2011 y 2015, se sacaba a grupos de hasta 50 personas de sus celdas
para procesos arbitrarios, se les propinaban palizas y luego eran ahorcados
«en plena noche, en absoluto secreto».
«A lo largo de todo este proceso,
tienen los ojos vendados. No saben cuando ni cómo morirán, hasta que se les ata
una cuerda alrededor del cuello», denuncia la organización.
La mayoría de las víctimas eran civiles
considerados opositores al gobierno del presidente Bashar Al Assad.
«Los dejaban (ahorcados) de 10 a 15
minutos», explica un antiguo juez que asistió a las ejecuciones. «En
el caso de los más jóvenes, su peso no era suficiente para matarlos. Los
ayudantes de los verdugos tiraban de ellos hacia abajo rompiéndoles el
cuello».
Para Amnistía Internacional (AI), se trata
de crímenes de guerra y de crímenes contra la Humanidad que probablemente
perduran hasta la actualidad.
“Dormíamos con el ruido de fondo de la gente
muriendo de asfixia. Para mí, era normal en aquel momento”, dijo Hamid,
detenido en 2011.
Miles de prisioneros están detenidos en la
cárcel militar de Saydnaya, uno de los centros de detención más importantes del
país, situado a 30 kilómetros al norte de Damasco.
La ONG acusa al gobierno sirio de llevar a
cabo una «política de exterminio» torturando regularmente a los
detenidos, privándolos de agua, de alimentos y de cuidados médicos.
Prisioneros fueron violados o forzados a
violarse entre sí. Había guardias que daban de comer a los detenidos tirando la
comida por el suelo de la celda, a menudo sucio.
Además, los detenidos no podían hablar y
tenían que adoptar posturas especiales cuando los guardias entraban en su
celda.
«Cada día, había dos o tres muertos en
nuestra ala (…) Recuerdo que el guardia nos preguntaba cuántos éramos»,
explicó Nader, un antiguo detenido cuyo nombre fue modificado.
Los
horrores descritos en el informe muestran una campaña escondida y monstruosa,
autorizada al más alto nivel del gobierno, para aplastar cualquier forma de
contestación por parte de la población siria
Según Nader, tras un día particularmente
violento lleno de torturas, 13 personas murieron en una ala de la prisión.
«Dormíamos con el ruido de fondo de la
gente muriendo de asfixia. Para mí, era normal en aquel momento», dijo
Hamid, detenido en 2011.
En el pasado, la organización había
indicado que se calculaba que 17.700 personas habían muerto en las cárceles del
gobierno sirio desde el inicio del conflicto, pero estos nuevos datos se
traducen en un alza significativa.
«Los horrores descritos en el informe
muestran una campaña escondida y monstruosa, autorizada al más alto nivel del
gobierno, para aplastar cualquier forma de contestación por parte de la
población siria», comentó Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación
en la oficina de AI en Beirut.
El año pasado, Naciones Unidas acusó al
gobierno de Al Assad de dirigir una política de «exterminio» en sus
prisiones.
Más de 310.000 personas han muerto y
millones han tenido que abandonar sus hogares desde que comenzara el conflicto
sirio, en 2011.
Siria: el régimen de Bashar al Assad ahorcó a 13.000 personas en cinco años en una cárcel gubernamental
07/Feb/2017
Infobae