Hoy se cumplen dos años desde que el fiscal
Alberto Nisman fue encontrado muerto en el departamento donde vivía. Lo
encontró su madre, Sara Garfunkel, aunque nadie sabe si murió precisamente ese
día. En los últimos tiempos se hizo más consistente la hipótesis de que su
muerte no sucedió el domingo 18 de enero de 2015, sino el día anterior, sábado
17. La hipótesis, que ahora es judicial en el fuero penal federal, fue
sostenida siempre por los peritos de la familia de Nisman que investigaron el
lugar donde ocurrieron los hechos y revisaron la autopsia.
En tiempos recientes, también, sucedieron
dos cosas importantes en la Justicia. La primera de ellas fue la decisión de la
Corte Suprema de que sea el fuero penal federal el que investigue la muerte del
fiscal. El máximo tribunal de Justicia del país suscribió, de esa forma, la
presunción de que se trató de un homicidio y no de un suicidio. Sólo el crimen
de un fiscal general del país, en efecto, podría ser investigado por la
justicia federal. Un suicidio, sea de quien fuera, correspondería a la justicia
ordinaria del distrito donde ocurrió. La discusión en los tribunales entre las
partes demoró más de un año y medio la elección de un juez y de un fiscal
definitivos para averiguar de qué manera Nisman llegó al final de su vida.
La segunda circunstancia es más reciente,
del 29 de diciembre pasado. Fue la decisión de la Cámara de Casación Penal que
ordenó investigar la denuncia que Nisman hizo pocos días antes de morir contra
Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Luis D’Elía, Fernando Esteche y el
camporista Andrés «Cuervo» Larroque, entre otros. Los acusó de
encubrir a los autores del atentado contra la AMIA mediante la firma de un
acuerdo con Irán.
Después de que dos fiscales, Gerardo
Pollicita y Germán Moldes, promovieron la investigación de la denuncia de su
colega ya muerto, tres jueces (uno de primera instancia, Daniel Rafecas, y dos
camaristas, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) decidieron cerrarla. El fiscal
de Casación, Javier de Luca, militante de Justicia Legítima, se negó a apelar
la decisión de Ballestero y Freiler. Pero la parte querellante, que es la DAIA,
la institución de mayor representación política de la comunidad judía, logró
que los jueces de Casación Roberto Hornos y Mariano Borinsky trataran el tema y
fueran categóricos en su decisión de impulsar la investigación. La jueza Ana
María Figueroa, el tercer miembro de ese tribunal y cercana al kirchnerismo,
acompañó a Hornos y Borinsky en su decisión de fondo, aunque con menos
convencimiento.
La denuncia y la muerte de Nisman están
estrechamente ligadas. Más aún: la muerte, cualquiera que haya sido su forma,
no habría sucedido nunca si antes no hubiera existido la denuncia. Para peor,
mientras se desvanece la hipótesis del suicidio, obviamente crece la presunción
de que a Nisman lo mataron. La idea no pertenece sólo a una mayoría social. La
respaldan también pruebas recolectadas por los abogados de su familia. Hay
elementos nuevos que sostienen esa teoría y que se incorporaron a la causa en
manos ahora del juez Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano. Y existe, por
último, el convencimiento casi generalizado de sus colegas, los fiscales, de
que fue un crimen.
Vale la pena, entonces, hacerse algunas
preguntas sobre los dos hechos. Son éstas:
1) ¿Por qué el técnico informático Diego
Lagomarsino no fue detenido en el acto cuando se declaró dueño del arma que
mató a Nisman? El fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, que revisó varias veces las
actuaciones de Viviana Fein, la fiscal de primera instancia, suele decir que en
cualquier otro país Lagomarsino «hubiera sido esposado y detenido en el
acto». La situación de Lagomarsino tiende a complicarse cada vez más
porque, según su confesión, él fue la última persona que vio vivo a Nisman el
sábado 17 de enero. La ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado,
miró siempre con extrema sospecha a Lagomarsino, pero sólo ahora, cuando la
causa cambió de manos, la Justicia comienza a detenerse en él.
2) ¿Por qué las fuerzas de seguridad
actuaron con tanta chapucería durante las horas posteriores al descubrimiento
del cadáver de Nisman? Basta ver una serie policial en Netflix para saber cómo
se preserva la escena de una muerte dudosa y cómo se cuidan las pruebas para no
contaminarlas. Pasaron tres horas desde que la madre de Nisman encontró el
cadáver hasta el arribo de la fiscal Fein. Más de 20 personas (entre ellas el
entonces secretario de Seguridad de Cristina Kirchner, Sergio Berni) desfilaron
por el departamento de Nisman en ese lapso de tiempo. Chapotearon sobre la
sangre. Limpiaron las huellas de la pistola que lo mató. Le comentaron la
novedad a la entonces presidenta. Rompieron todos los manuales de una
investigación criminal. El fiscal Taiano, actual investigador de la muerte,
denunció a Fein y Berni por lo que hicieron -o no hicieron- durante esa noche
ingrata.
3) ¿Por qué hubo tanto tráfico de llamadas
telefónicas entre los jerarcas de los servicios de inteligencia de entonces? La
tormenta de comunicaciones incluyó al ya entonces despedido hombre fuerte de lo
que era la SIDE Jaime Stiuso y a su archienemigo César Milani, jefe del
Ejército y líder fáctico de la inteligencia cristinista. Es raro, pero se
preocuparon más los servicios de inteligencia que las fuerzas de seguridad por
un caso que, en ese momento, sólo necesitaba que se aclarara si era un suicidio
o un crimen.
4) ¿Por qué el gobierno de Cristina
Kirchner no se presentó voluntariamente ante la Justicia para pedir que se
investigara la denuncia de Nisman si ésta era, como decían, tan insolvente?
Aunque Cristina Kirchner dijo que no creía en un suicidio, sus voceros más
calificados señalaron luego que Nisman se había quitado la vida después de
comprobar que no podría justificar su denuncia en el Congreso, donde debía
comparecer el lunes 19 de enero. Tales afirmaciones formaron parte de la
campaña de difamación de Nisman que sucedió tras su muerte. Informaciones
reveladas por LA NACION el sábado pasado, que informan sobre un trapicheo de
petróleo por productos agropecuarios cuando se negociaba el acuerdo con Irán,
confirman la hipótesis de Nisman. Además, el gobierno de entonces hizo todo
posible por archivar esa causa, ayudado inmejorablemente por la jefa de los
fiscales, Alejandra Gils Carbó, quien intentó, incluso, designarle dos fiscales
adjuntos a Moldes, el fiscal de Cámara, con el propósito de neutralizarlo.
El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la
Asociación de Fiscales, acaba de revelar públicamente que todos los fiscales
que actuaron en el caso AMIA, el mayor atentado contra la comunidad judía
después del Holocausto, recibieron la fatwa (condena a muerte) por parte del
gobierno de Irán. La condena incluía a Nisman. ¿Por qué, se pregunta Rívolo, el
gobierno de Cristina Kirchner no obligó a los iraníes a levantar esa fatwa
contra los fiscales argentinos cuando negoció con Teherán el acuerdo sobre el
atentado contra la AMIA? Es la primera y más elemental pregunta, que nadie
respondió nunca.
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