Es muy habitual entre los ciudadanos
latinoamericanos pensar que el terrorismo yihadista es un fenómeno ajeno a la
región, siendo esta una clase de ignorancia inducida, producto de la
sistemática negación de los gobierno de América Latina respecto del mismo.
Por una parte, es comprensible que en
Latinoamérica no hayan añadido el terrorismo islámico a la lista de problemas
habituales de la región, que ya de por sí han sido suficientes, esto es: la
pobreza, la corrupción, la debilidad institucional, el crimen organizado, y por
qué no, el terrorismo genuino de los grupos locales con el que se han
enfrentado algunos países como Colombia, Perú, o Paraguay, entre otros.
Asimismo, es verdad que los países de
América Latina no han formado parte de la lista de “enemigos declarados” de las
organizaciones terroristas, y esto se debe, en gran parte, a la tradicional o
histórica neutralidad que los gobiernos latinoamericanos han mantenido respecto
a los conflictos de Oriente Medio.
No obstante, la inactividad terrorista en
la región, no quiere decir ni de lejos que América Latina haya sido exenta de
la presencia del radicalismo islámico, sino todo lo contrario. Los miembros y/o
simpatizantes de las organizaciones y grupos terroristas islamistas han
aprovechado las condiciones regionales, como la debilidad institucional, la
porosidad de las fronteras, la corrupción, etc., para planificar y, sobre todo,
financiar, actividades terroristas tanto dentro como fuera de la región.
Hezbolá, crimen organizado, y terrorismo
La
presencia de elementos radicales islámicos en la región ha estado especialmente
ligada al grupo libanés Hezbolá, que a partir de los años 80 instaló sus
primeros operativos, primero en la Triple Frontera, y después, a medida que la
vigilancia ha aumentado, se ha desplazado, o mejor dicho, extendido, a otras
regiones, como la Isla Margarita de Venezuela, o la región del VRAEM en Perú.
Su presencia en América Latina guarda una
estrecha relación con las actividades de crimen organizado, especialmente el
lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, y la falsificación documental,
entre otras, y es en Latinoamérica donde ha encontrado una base sólida para
financiar sus actividades terroristas.
El Informe sobre Terrorismo 2015 del
Departamento de Estado de Estados Unidos todavía mantenía la alerta acerca de
las actividades de crimen organizado que se llevan a cabo en la Triple Frontera
que, de acuerdo con el documento, tienen un alto potencial para financiar a
determinadas organizaciones terroristas. En este sentido advertía sobre la
presencia e influencia que todavía mantiene Hezbolá en América Latina, en donde
miembros, facilitadores y simpatizantes continúan llevando a cabo actividades
en orden a crear una infraestructura estable en América del Sur, mediante la
recaudación de fondos a través de medios tanto legales como ilegales. Legales
también, porque como ya se ha demostrado, algunos de sus miembros o
simpatizante, estarían a cargo de negocios de venta de electrodomésticos o productos
electrónicos, entre otros, cuyos ingresos van directamente a las arcas de este
grupo terrorista.
Cuando se trata de terrorismo, los
atentados a la Embajada de Israel en Buenos Aires, y el de la Asociación Mutua
Israelí de Argentina (AMIA), de los años 90, son el paradigma perfecto del
potencial de este grupo para planificar y atentar en suelo latinoamericano.
Como ya ha quedado demostrado, ambos ataques han sido perpetrados por Hezbolá,
aunque los principales artífices de los mismos fueron altos funcionarios de la
República Islámica de Irán. La presencia e influencia de Irán ha ido
incrementándose, igualmente, desde los años 80, cuando empezó a estrechar
vínculos con algunos gobiernos regionales que se declaraban y se siguen
declarando abiertamente anti-occidentales aunque, sobre todo,
anti-estadounidenses. Venezuela, en este caso ha sido el principal valedor, de
la presencia de Irán y de miembros de Hezbolá en América Latina, y que ha
permitido que estos últimos se desplazaran por la región, y llevaran a cabo
actividades criminales, con total impunidad.
Tal como han informado los servicios de
inteligencia de la región en colaboración con los de Estados Unidos e Israel,
la red que se encargó de planificar y llevar a cabo los dos atentados sigue
activa, y a pesar de haber una orden de detención a nivel internacional,
algunos de sus miembros siguen desplazándose sin dificultades por América
Latina, en parte gracias a los pasaportes falsos proporcionados por el gobierno
venezolano.
Posteriormente a los atentados de Buenos
Aires, hubo otros intentos desde la región, aunque fallidos, como en 2007
cuando tres ciudadanos de Guyana, en colaboración con un imán radical de
Trinidad y Tobago, planificaron e intentaron llevar a cabo un ataque en el
aeropuerto J.F. Kennedy de la ciudad de Nueva York. Asimismo, sin remontarse
más lejos, a finales de 2014, las autoridades peruanas detuvieron a un
ciudadano libanés, supuesto miembro de Hezbolá, que, presuntamente, había
recibido órdenes de llevar a cabo un atentado contra intereses judíos e
israelíes en Perú.
Daesh, una amenaza creciente
El Departamento de Estado de Estados Unidos
y operativos del SOUTHCOM, el Comando Sur de Estados Unidos que se encarga de
las actividades militares en América Latina, han alertado que hasta la fecha
alrededor de 100-150 ciudadanos latinoamericanos, aunque admiten que podría
tratarse de más, han viajado ya a Siria e Irak, algunos en compañía de todos
sus familiares, para afiliarse al Daesh.
El caso de Trinidad y Tobago es
especialmente preocupante. De acuerdo con las autoridades locales, de todos los
ciudadanos de América Latina que se han unido al Daesh, 70 son de Trinidad y
Tobago. En agosto nueve ciudadanos trinidenses fueron detenidos en Turquía en
su intento de cruzar la frontera hacía Siria. Las autoridades islámicas del
país advierten cada vez más acerca del interés que el salafismo despierta entre
los jóvenes del país.
Más preocupante aún podría considerarse el
caso de Brasil. En la víspera de los Juegos Olímpicos, un grupo yihadista
brasileño autoproclamado Ansar al-Khilafah Brazil proclamó su lealtad al líder
del Daesh, Abu Bakr Al Baghdadi, convirtiéndose así en la primera agrupación de
América Latina que se declara públicamente afín a un determinado grupo
terrorista islámico. La agrupación brasileña, que se ha dedicado a difundir
propaganda a favor del Daesh, pretendía, presuntamente, llevar a cabo un
atentado contra la delegación francesa presente en el país con ocasión de los
Juegos Olímpicos, tal como se desprendería del vídeo difundido en su cuenta de
Telegram.
A pesar de la demostrada la numerosa
presencia de miembros radicales islámicos en Brasil, las autoridades han negado
tal realidad, y aún más grave, se han resistido a calificar a grupos como
Hezbolá o Hamas de terroristas, a pesar de que Estados Unidos así los considera
desde los años 8
América Latina, aunque sus ciudadanos no lo
consideren así, es un campo muy fértil para el radicalismo islámico. En agosto,
SOUTHCOM advertía nuevamente acerca de la posibilidad de que extremistas de
naturaleza sunní procedentes de las regiones de Afganistán-Pakistán y el África
Oriental, penetren en la región con la ayuda de profesionales en materia de
tráfico de personas y contrabandistas. Además, el organismo militar ya confirmó
la filtración de cerca de 30.000 individuos procedentes de Oriente Medio, que más
que una amenaza para América Latina, representan un serio desafío para Estados
Unidos, debido a la corrupción, instabilidad o debilidad gubernamental, y la
falta de organismos competentes, que hace que estos puedan filtrarse por las
fronteras sur de Estados Unidos.
A pesar de la presencia de extremistas
islámicos en América Latina, no hay razones factibles para considerar que estos
representan una amenaza directa para los países de la región. Sin embargo, no
se puede desdeñar que, a medida que la seguridad y vigilancia en los países
occidentales, en este caso de Estados Unidos, vaya a incrementar, los miembros
radicales contemplen quedarse en los países latinoamericanos para llevar
ataques contra intereses occidentales en general, e israelíes, con las consecuencias
que esto conllevaría para la región.
El único país latinoamericano que podría
padecer una amenaza real hasta en la actualidad es Panamá por su condición de
miembro de la coalición internacional contra el terrorismo liderada por Estados
Unidos. Panamá se ha unido a la coalición a principios de 2015, convirtiéndose
con ello en el primer país de América Latina que se ha sumado a los esfuerzos
de combatir el terrorismo internacional.
América Latina no tiene capacidad por si
sola de hacer frente al terrorismo islámico. Los servicios de inteligencia de
la región, así como los agentes de seguridad, tampoco tienen potencial como
para suponer que lo puedan hacer por si solos. A lo largo de los años, los
servicios de inteligencia latinoamericanos han sido agencias de los gobiernos
que se han dedicado más a la investigación de los oponentes políticos, lo que
hace que su experiencia en asuntos como el presente sea prácticamente nula.
La inexistencia de una legislación acorde,
sumada a la falta de recursos para investigar los viajes fraudulentos, la
identificación de los miembros radicales, la falta de vigilancia de algunas de
sus fronteras, la ausencia de controles biométricos, etc., son todas
condiciones favorables para, en este caso, el radicalismo islámico.
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