Las ayudas sociales son parte y parcela del
estatismo europeo, y los inmigrantes suelen beneficiarse de las mismas. Algunos
jihadistas, también. Tiempo atrás, la publicación española Libertad Digital
ofreció llamativos ejemplos. Posiblemente el más emblemático sea el de Mohamed
Emwazi y su familia, quienes abandonaron Kuwait tras la Guerra del Golfo,
asentándose en Gran Bretaña en 1996. Todo el clan recibió asistencias sociales
del estado británico que cubrieron los alquileres durante dos décadas, llegando
a rozar los seiscientos mil euros en el período. Emwazi es más conocido por su
apodo Jihadi John, el tenebroso islamista angloparlante del ISIS que decapitó a
varios rehenes para su posteo en youtube. Uno de los terroristas que participó
de los atentados en Paris en noviembre del año pasado, Bilal Hadfi, también
recibió ayuda social para pagar su alquiler, en tanto que el belga Ibrahim
Abdeslam -quien se inmoló en la sala Bataclan de la capital francesa y cuya ex
esposa dijo de él que “apenas trabajaba, se dedicaba a dormir, ver películas,
conectarse a internet, escuchar música rap y fumar marihuana”- recibía un
subsidio para solventar el alquiler de la vivienda además de mil euros al mes.
El diario El Mundo lo describió como “fiestero, divorciado, porrero hasta
niveles preocupantes” y dueño de una empresa familiar que llegó a facturar cien
mil euros anuales; cuando las autoridades cancelaron la ayuda oficial, “Ibarhím
enloqueció y agredió a un consejal”.
Al considerar que en Europa residen cerca
de diez millones de musulmanes, uno puede verse tentado de aducir que este
puñado de casos no pasa el umbral de una muestra. Aun así, alerta a propósito
de un problema real que requiere atención. Lo cual se agrava al recordar el
lamentable récord europeo en el campo del patrocinio de organizaciones
radicales, que puede verse cristalinamente en lo concerniente al conflicto
palestino-israelí.
Francia, por ejemplo, respaldó
económicamente a tres ONGs pro-Boicot Desinversión y Sanciones (Association
France Palestine Solidarité, The International Federation for Human Rights,
Catholic Committee Against Hunger and for Development-Terre Solidaire), las que
promovieron un boicot contra la compañía telefónica Orange en Israel y
triunfaron. Francia es dueña del 25% de Orange, lo que significa que Paris financió
un boicot contra sus propios intereses. Algo parecido ocurrió con Holanda
cuando ONGs patrocinadas por el estado holandés fomentaron un boicot a la
Compañía de Agua de Israel, Mekorot. El pico de la ofensiva de estas ONGs
pro-BDS ocurrió el mismo mes en que Holanda firmó un acuerdo de cooperación de
desarrollo con Israel. España ha financiado a una serie de ONGs pro-BDS, como
Al-Haq, el Comité para la Ayuda Agrícola Palestina y País Valencia, las que
promovieron un boicot a Israel que España oficialmente rechaza.
También está el notorio caso de World
Vision, una ONG caritativa cristiana global cuya sede en la Franja de Gaza
desvió millones de dólares de donantes internacionales -varios de ellos países
europeos- hacia las arcas del grupo terrorista Hamas, opositor a la paz entre
israelíes y palestinos. La propia agencia de las Naciones Unidas para la
protección de los refugiados palestinos de 1948 en adelante, UNRWA, es un
emblema absurdo de esta realidad: durante las guerras de Hamas contra Israel, sus
hospitales y escuelas se convirtieron en plataformas de lanzamiento de misiles
y cohetes contra ciudades israelíes, sus ambulancias se transformaron en
vehículos para transportar terroristas y sus jardines de infantes fueron usados
como refugios para esconder a los combatientes palestinos. UNRWA es sostenida
financieramente por los aportes de estados-miembro de la ONU, muchos de ellos
europeos comprometidos con el proyecto de la paz palestino-israelí.
Nadie espera que Europa
anule al Estado Benefactor que sin lugar a dudas ha asistido a grandes
cantidades de inmigrantes honrados, ni que renuncie a su generosidad frente a
organizaciones humanitarias que hacen el bien a diario, ni que deje de aportar
a un organismo de la ONU que cuida a millones de refugiados palestinos
criminalmente abandonados a su suerte por sus propios hermanos más de medio
siglo atrás. Pero, ¿es mucho pedirle que no extienda su caridad a jihadistas
decididos a conquistarla? ¿Ni a ONGs extremistas que sabotean la coexistencia
palestino-israelí? ¿O que se asegure que sus donaciones no caigan en manos de
militantes fundamentalistas? Si el pasado ha de ser una guía hacia esta
respuesta, desafortunadamente parece que eso es mucho pedir.
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