Las autoridades iraníes
deben detener la ejecución de un joven que todavía era menor de edad en el
momento de su presunto delito, e invertir la preocupante tendencia al aumento
de las ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando aún no tenían 18
años, que ha dado lugar a la ejecución de al menos ocho individuos en esa
situación en la primera mitad de 2014. Así lo ha pedido hoy Amnistía
Internacional.
Rasoul Holoumi, que ahora
tiene 22 años, fue condenado a muerte en octubre de 2010 por el homicidio de un
muchacho durante una pelea en grupo en 2009, cuando tenía 17 años. La ejecución
podría llevarse a cabo en cualquier momento a petición de la familia de la
víctima, con arreglo al principio de qisas (castigo equivalente al delito) de
la ley islámica.
“Es cruel e inhumano
ahorcar a cualquier persona, pero es más reprobable si cabe cuando el condenado
era menor de edad en el momento del presunto delito y la ejecución se lleva a
cabo tras un proceso de investigación defectuoso que vulnera las normas sobre
juicios justos, como se hace en Irán”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui,
directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y
Norte de África.
Irán es uno de los pocos
países que todavía ejecutan a personas que no habían cumplido los 18 años en el
momento de cometerse el delito. Amnistía Internacional ha documentado la
ejecución de al menos ocho de estas personas en la primera mitad de 2014, el
equivalente al número total de ejecuciones de personas menores de edad en el
momento del delito en Irán en todo 2013.
“La ejecución de Rasoul Holoumi será un
lamentable añadido al siniestro recuento de ejecuciones en Irán. Sean cuales sean los argumentos de las
autoridades, esto supone una violación flagrante del derecho internacional.
Rasoul Holoumi era menor de edad cuando cometió presuntamente el delito, y su
condena de muerte debe ser anulada”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
La Sección 17 del
Tribunal Penal de Juzestán, provincia occidental de Irán, condenó a muerte a
Rasoul Holoumi en octubre de 2010 por asesinato. La declaración de culpabilidad
se basó en denuncias según las cuales, durante una pelea colectiva en
septiembre de 2009, Rasoul había lanzado un objeto contundente contra Nasim
Nouri Maleki y le había producido heridas mortales en la cabeza. Al parecer,
las acusaciones provenían de varias de las mismas personas que participaban en
la pelea.
Rasoul Holoumi no tuvo
acceso a un abogado durante la investigación, y tampoco dispuso de tiempo y
recursos suficientes para preparar su defensa antes del juicio ni en su
transcurso. Aunque admitió los cargos la primera vez que fue citado a declarar
ante la policía, varias semanas después se retractó de lo admitido e hizo
declaraciones que pusieron en duda los acontecimientos que habían desembocado
en la muerte de la víctima, e incluso que él estuviera presente.
El 30 de septiembre de
2009, Rasoul Holoumi afirmó que él estaba en su casa cuando se desató la pelea
y que sólo había admitido el crimen por compasión hacia otro menor de edad,
quien le había confiado que él había sido el autor del golpe recibido por Nasim
Nouri Maleki durante la pelea. El 2 de octubre de 2009, Rasoul dijo que él
había recogido y lanzado un objeto contundente al ver que un grupo de personas
implicadas en la pelea venía hacia él, pero que el golpe no había sido
intencionado. El 5 de octubre de 2009,
negó haber lanzado ese objeto contundente en ningún momento. Los informes según
los cuales existía una trayectoria de hostilidad entre la familia de Rasoul
Holoumi y el testigo principal de la causa que declaró en su contra han
suscitado más dudas.
A pesar de todo, el
Tribunal Supremo de Irán confirmó la condena de muerte impuesta a Rasoul
Holoumi en 2010 sin explicar sus fundamentos.
Las autoridades iraníes
tenían previsto ejecutarlo el 4 de mayo de 2014, pero detuvieron el proceso
cuando la familia de la víctima aceptó renunciar a su petición de castigo si la
familia de Rasoul Holoumi le pagaba 3.500 millones de riales (equivalentes a
135.323 dólares estadounidenses) en concepto dediyah (dinero de sangre) y le
transfería las escrituras de su casa y su granja. Al parecer, la cantidad de
3.500 millones de riales está fuera del alcance de los recursos de su familia,
por lo que el joven de 22 años está expuesto a ser ejecutado en cualquier
momento.
Cuando se dicta condena
de qisas no es posible solicitar el indulto o amnistía del líder supremo de
Irán, en contravención del derecho internacional.
Información
complementaria Irán sigue estando entre
los Estados ejecutores más prolíficos del mundo. Según el informe anual de
Amnistía Internacional Condenas a muerte y ejecuciones en 2013, las autoridades
iraníes reconocieron que al menos 369 personas habían sido ejecutadas ese año,
mientras que fuentes fidedignas informaron de al menos 335 ejecuciones más. La
información disponible indica que al menos 11 de las personas ejecutadas podían
ser menores de 18 años en el momento de su presunto delito.
A fecha de 26 de junio de
2014, las autoridades o los medios de comunicación autorizados por el gobierno
han reconocido 171 ejecuciones en lo que va de año, mientras que otras fuentes
fiables han informado de al menos 233 ejecuciones más.
La ejecución de personas
por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años está estrictamente
prohibida por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) y el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, ambos ratificados por Irán.
En virtud del artículo
6.4 del PIDCP, toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el
indulto o la conmutación de la pena.
